EL VOTO FEMENINO EN LA II REPÚBLICA

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El Gobierno creado tras la proclamación de la República el 14 de abril llevó a cabo una amplia labor legislativa, provisional hasta la elección de las Cortes Constituyentes. Cortes que, inmediatamente, legitimaron los numerosos decretos promulgados, convirtiéndolos en leyes. Uno de los decretos aprobados en los primeros momentos fue precisamente el de reforma de la ley electoral para poder convocar las elecciones a ese Parlamento.

En esa reforma, aprobada en mayo de 1931, uno de los cambios fue el de establecer el derecho de sufragio pasivo para las mujeres; es decir, que podían ser candidatas y elegibles, pero no podían votar. El sufragio femenino tenía que ser debatido en las Cortes.
En el siglo XIX ya existía lucha sufragista que formaba parte de las reivindicaciones de algunos grupos de mujeres en defensa de la igualdad. Dentro de las reformas de una ley electoral, la de 1907, se planteó considerar electoras a una parte de las mujeres, a aquellas que por determinadas circunstancias no estuvieran bajo la tutela o patria potestad varonil o la autoridad marital.

Entre 1931 y 1936, nueve fueron las mujeres que formaron parte de los tres Congresos elegidos en esos años, compuestos por 470, 472 y 473 diputados, respectivamente. Tres fueron elegidas para las Cortes Constituyentes de junio de 1931: Clara Campoamor y Victoria Kent, del Partido Radical, por Madrid, y Margarita Nelken, del Partido Socialista, por Badajoz.
En las elecciones de noviembre de 1933 fueron cinco las elegidas: repitió Margarita Nelken, pero no las otras dos, y consiguieron escaño otras tres candidatas del PSOE (Matilde de la Torre y Veneranda García Blanco, por Oviedo; María Lejárraga, por Granada) y una candidata del Partido Agrario, Francisca Bohigas, por León.
Y cinco también fueron las diputadas elegidas en las elecciones de febrero de 1936: por tercera vez, Margarita Nelken; de nuevo Victoria Kent, esta vez como candidata de Izquierda Republicana; las socialistas Matilde de la Torre y Julia Álvarez Resana, por Madrid, y Dolores Ibarruri, candidata del Partido Comunista, por Oviedo.

Para la elaboración del proyecto de Constitución, las Cortes nombran una Comisión que preside el socialista Luis Jiménez de Asúa. Clara Campoamor, del Partido Republicano Radical, forma parte del grupo de veinte diputados que la componen. Unos veinte días son los que tardan estos parlamentarios en redactar el proyecto, que después sería debatido durante poco más de tres meses. El debate era sobre el artículo del Título I que establecía la igualdad de todos los españoles ante la ley sin discriminación de sexo no hubo especial controversia, no sucedió lo mismo a la hora de discutir y aprobar el artículo que concretaba esa igualdad de derechos frente al sufragio. Presentado como artículo 34, decía así: «Los ciudadanos de uno y otro sexo… tendrán los mismos derechos electorales, conforme determinen las leyes».

En la defensa del derecho al voto de las mujeres parecían estar situados todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, el Partido Radical, los radical-socialistas y Acción Republicana eran partidarios de no incluir en ese momento el sufragio femenino.enfoques_5_3

Por un lado Clara Campoamor, defendiendo la propuesta presentada a las Cortes, en contra de la postura de su partido, el Republicano Radical; y en el otro, su compañera de partido Victoria Kent y la socialista Margarita Nelken, que no siguió la postura oficial de su partido.

Las razones que acompañaban los argumentos de oposición eran razones biológicas y del carácter de las mujeres (histerismo, débil racionalidad…); en otra más amplia, el conservadurismo y catolicismo que las impregnaba y su dependencia de los curas. Y como resultado, que la concesión del voto pudiera poner en peligro la continuidad de la República en las siguientes elecciones.

Una enmienda a la totalidad del Partido Radical era defendida por el diputado Álvarez Buylla: el voto femenino es «un elemento peligrosísimo para la República, porque la mujer española, como política, es retardataria, es retrógrada; todavía no se ha separado de la influencia de la sacristía y del confesionario». De parecida forma se expresaban Margarita Nelken y Victoria Kent. Esta última decía que «la falta de madurez y de responsabilidad social de la mujer española podía poner en peligro la estabilidad de la República, ya que un porcentaje muy elevado, antes de votar, lo consultaría con su director espiritual».

Margarita Nelken reconoce, dentro de su defensa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que un derecho a conquistar es el del voto para las mujeres. Pero, para Margarita ese momento histórico no había llegado aún: la mujer española no estaba preparada para asumir ese derecho. En palabras de Margarita Nelken: «Poner un voto en manos de la mujer es hoy, en España, realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario».

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Clara Campoamor tuvo que defender la propuesta de la Comisión constitucional sobre el derecho de voto para las mujeres.

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La República definía el principio de la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de sexo: «Si habéis afirmado ayer la igualdad de derechos, lo que pretendéis ahora es una igualdad condicional, con lo que no hay tal igualdad. Si habéis votado la igualdad no podéis mantener la condición. Eso es una cosa ilógica. ¿Dónde empieza la igualdad entonces, Sres. Diputados? ¿Cuándo a SS. SS. les plazca? ¿Cuándo SS. SS. quieran? […] «Los sexos son iguales, lo son por naturaleza, por derecho y por intelecto, pero además lo son porque ayer lo declarasteis…».

La propuesta fue por fin votada, quedando más tarde como artículo 36, con la siguiente redacción: «Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes». Se aprobó con 160 votos a favor y 121 en contra.

Fue aprobado el derecho de voto para las mujeres en España, lo que significaba que a partir de ese momento ya podría votar casi el 55% de la población total, frente al 26% anterior.

 

Desireé Carpintero Moñino

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